El respaldo del PSOE a la ampliación de los supuestos contemplados para la aplicación de la prisión permanente revisable ha supuesto un giro radical a los postulados que han venido manteniendo los socialistas con respecto a esta pena. El cambio ha dado lugar a que el Congreso diera luz verde este martes a tramitar una propuesta para incluir en el tipo penal dos casos más: el asesinato con ocultación del cadáver y la reincidencia en el asesinato.

La iniciativa presentada por PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC) y Foro iba a contar en un principio con el respaldo de Unidas Podemos, pues fuentes del grupo confederal así lo habían adelantado, pero finalmente el grupo se desvinculó y votó 'no' a la tramitación de la proposición de ley.

Pablo Echenique, portavoz del grupo confederal, evitó por la mañana confirmar la orientación del voto de su bancada por las "dudas" generadas entre sus filas. Fueron a continuación, sin embargo, fuentes del propio Unidas Podemos quienes se encargaron de corroborar que la formación votaría a favor. Se trataba de una petición expresa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de un informe favorable elaborado por su ministerio, además con origen en el Ministerio de Justicia de Pilar Llop, según explicaron las mismas fuentes.

Acatar la posición sugerida por Marlaska generó un fuerte debate en el seno del grupo que, finalmente, rectificó y volvió a su negativa inicial, la postura tradicional que ha venido manteniendo el partido con respecto a la prisión permanente revisable.

Una vez comenzado el Pleno del Congreso, fue el diputado morado Ismael Cortés el encargado de defender la absoluta oposición de una bancada que pocas horas antes iba a arropar la tramitación de la norma. Cortés tachó la figura penal de "populismo punitivo" y vinculó el respaldo de la derecha a "contribuir a que se capitalice el dolor de las víctimas". 

Un sintagma, "populismo punitivo" que usaron tanto Unidas Podemos como el PSOE tras la promulgación en 2015 de la prisión permanente revisable por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. De hecho, la medida fue recurrida por los propios socialistas ante el Tribunal Constitucional (TC), supeditando su vigencia al tiempo que permanecieran en la oposición. El pasado 31 de octubre, el TC la avaló definitivamente, con tres de 10 magistrados en contra. Desde su entrada en vigor hace siete años y según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido impuesta en sentencia hasta en 24 ocasiones.

Héctor Gómez, portavoz socialista en la Cámara Baja, adelantó tras la comparecencia de Echenique el giro de guión del PSOE, su repentina alteración en el voto para tomar en consideración la propuesta. "Estamos del lado de facilitar y provocar que se dé solución a esos casos cuando el reo no colabora", justificó el portavoz socialista, que pasó de puntillas por el asunto hasta que no fue interpelado hasta en dos ocasiones en el turno de preguntas. 

La Comisión de Justicia del Congreso, encargada de emitir el dictamen sobre la norma, será la siguiente parada en la tramitación del texto, que hasta su llegada al Pleno puede demorarse meses. "Ese es el espacio donde se circunscribe nuestra posición. Ya tendremos tiempo de entrar en detalles en la tramitación", apostilló el portavoz socialista.

El PP urge a "un camino corto y fructífero"

"En atención al dolor adicional que supone ocultar el cadáver para las familias, votaremos sí para que en la fase parlamentaria, por vía de enmiendas, resulte un texto más adecuado a nuestro orden constitucional y dé respuesta al dolor de las familias". Así defendió el apoyo de su bancada el diputado socialista Francisco Aranda, con arreglos, condicionando su llegada a buen puerto a enmiendas previas, siempre en el marco de su debate parlamentario y tildando la redacción inicial de PP, Ciudadanos, CC y Foro como "errónea". También votó a favor el PDeCAT, cuyo portavoz, Genís Boadella, abogó por un debate "a fondo" de la pena máxima del ordenamiento jurídico. 

La diputada popular Macarena Montesinos defendió que este es "el momento de actuar y cambiar el Código Penal para que los jueces y tribunales puedan dar respuesta penal suficiente ante casos como los de Marta del Castillo, Diana Quer y Marta Calvo". El debate, precisamente, estuvo cargado de alusiones a los familiares de estas tres jóvenes asesinadas debido a la presencia de sus familiares en la tribuna de invitados; especialmente, de Juan Carlos Quer y Marisol Burón, madre de Marta Calvo. Por la mañana, juntos y acompañados de los portavoces de los partidos que amparan la modificación, se concentraron frente al Congreso. 

Montesinos pidió a las fuerzas parlamentarias "un camino corto y fructífero" para la modificación de la norma que, según los datos que aportó, "apoya abrumadoramente más del 80% de los españoles". La popular arguyó que no se trata de "legislar en caliente" ni de "populismo punitivo", sino de una "propuesta legislativa adecuada, protectora, reflexionada y ajustada a la Constitución Española". 

Macarena Olona, por parte de Vox, exigió un "compromiso público" al Gobierno y tachó la ley de 2015 de "insuficiente". Mostró sus recelos, además, ante la posibilidad de un "subterfugio fraudulento" que eternice la ley en los despachos, ampliando los plazos de las enmiendas repetidamente. "No tendríamos perdón de Dios si no la aprobáramos", ilustró Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, otra de las formaciones abajo firmantes de la propuesta.